La debida valoración de daños causados por despido arbitrario y la indemnización por daños y perjuicios, desde la perspectiva de los trabajadores de la corte de Piura, 2024
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Universidad Católica de Trujillo - Benedicto XVI
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El propósito de este estudio fue examinar la forma en que se evalúan los daños provocados por un despido injustificado con la determinación de la compensación por los perjuicios sufridos, desde la perspectiva de quienes trabajan en la Corte Superior de Justicia de Piura, durante el año 2024. Se adoptó un enfoque cualitativo, de carácter descriptivo, con un diseño de investigación que no implicó manipular variables ni intervenir en los procesos reales. Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas dirigidas a jueces, especialistas legales, especialistas judiciales y especialistas de audiencia del sistema judicial. El objetivo fue conocer los criterios aplicados, las dificultades que enfrentan y las falencias que detectan al analizar tanto los daños que afectan el patrimonio del trabajador como los que afectan su bienestar personal o emocional. En la investigación se demostró que existe una gran diferencia en la manera en que se aceptan y usan las pruebas para reconocer el daño emocional o moral. En la mayoría de los casos, solo se tomaban en cuenta los informes elaborados por expertos en psicología, un recurso al que muchas personas afectadas no podían acceder por diversas razones. También se notó que no hay reglas claras para medir cuánto corresponde pagar por estos daños. Además, se exige al trabajador una carga excesiva para acreditar el perjuicio sufrido, lo cual no resulta injusto. Todo esto hace que las compensaciones sean muy bajas y que las decisiones judiciales varíen mucho de un caso a otro, obstaculizando que la reparación sea completa y equitativa. Llegamos a la conclusión de que el sistema actual no cuenta con herramientas ni procedimientos eficientes para asegurar que los daños se evalúen correctamente ni que la compensación sea la adecuada. Esto sucede porque hay vacíos en la ley, porque cada autoridad utiliza criterios distintos y porque existen trabas para presentar las pruebas necesarias en estos casos de despido arbitrario. Ante esta situación, se debe proponer y establecer normas claras y uniformes. Estas reglas deberían permitir una evaluación más objetiva del daño y asegurar que la reparación sea justa, completa y coherente, respetando y protegiendo así los derechos fundamentales de los trabajadores.
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