Derecho

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Examinando Derecho por Materia "actio libera in causa y colocación dolosa"

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    Regulación del actio libera in causa y colocación dolosa en estado de grave alteración de la consciencia, Trujillo, 2023
    (Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI. Fondo Editorial, 2023-11-22) Loyola Briceño Jerson Anthony; Meléndez Quispe José Luis; Linares Cotrina, Walter John; -
    La presente investigación buscó profundizar en la regulación de la Actio Libera in Causa (Alic), una doctrina que aborda la autoinducción a estados de inimputabilidad para cometer delitos. El estudio se centró en tres objetivos específicos: i) el análisis de opiniones a favor y en contra de su regulación punitiva a nivel internacional, ii) determinar si dicha regulación va en contra del principio de culpabilidad (artículo 20° numeral 1), y iii) identificar los fundamentos para su punición en el proceso penal peruano. A través de entrevistas a abogados y fiscales especializados, se encontró diversidad en las posturas internacionales. Mientras países como Italia y España adoptan una visión preventiva y punitiva, otros, como Alemania, optan por jurisprudencia robusta sin regulación específica. La tendencia global muestra una inclinación hacia la menor consideración del estado alterado como eximente de responsabilidad penal.En relación al principio de culpabilidad en el Derecho Penal peruano, surgió un debate significativo. Si bien la tradición jurídica enfatiza la culpabilidad ligada directamente al acto delictivo, hay argumentos que sostienen que la verdadera intencionalidad radica en la decisión premeditada de autoinducirse dicho estado.Finalmente, los fundamentos para sancionar la Alic dolosa en Perú se relacionan con evitar la manipulación del sistema jurídico y reforzar la confianza pública. No obstante, es esencial garantizar que la aplicación de la Alic no derive en castigos excesivos o indiscriminados. Como recomendación se aconseja una revisión y clarificación legislativa en Perú con respecto a la Alic, con el fin de equilibrar la administración de justicia y la protección de derechos fundamentales, involucrando activamente a expertos para una normativa ajustada a la realidad social y jurídica